Hace pocos días el Sename publicó el primer informe de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes en Chile para el año 2014. Las cifras corresponden al conjunto de datos recogidos por ese servicio dependiente del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y las instituciones policiales.
De acuerdo a las cifras de menores ingresados al programa de salud mental por abuso sexual según región, la región de Los Lagos muestra una tasa de 46,8 casos por cada 100.000 niños, niñas o adolescentes que habitan el territorio y que según las estadísticas poblacionales alcanza a 216.157 menores. Le siguen la región de Aysén con 36,1 y la de O’Higgins con 29,4 casos por cada 100 mil menores. Al final de este cuadro se ubican las regiones de Atacama y de Magallanes con 5,3 y 4,5 casos por cada cien mil menores, respectivamente.
Por cierto hay datos socioeconómicos de contexto que en parte pudieran explicar -pero nunca justificar- la ocurrencia de estos deleznables hechos. El mismo informe del observatorio dice que a nivel nacional un 7,5% de los niños, niñas y adolescentes viven en la extrema pobreza, porcentaje que a nivel de la región de Los Lagos se eleva hasta un 9,5%, ubicándose en el cuarto lugar nacional. Un 31,9% de los menores de la región pertenece a un pueblo originario y un 1% del total de niños, niñas y adolescentes vive en condiciones de hacinamiento.
Como indica el informe del Sename un 18,6% de la población entre 4 y 9 años se encuentra fuera del sistema educativo, mientras que sólo un 2,3% de los adolescentes de 14 a 17 años presenta educación básica incompleta. El segmento que presenta enseñanza básica completa, entre los 10 y 17 años, alcanza a un 7,3%. En el caso de Los Lagos, además, los niños que viven en zonas rurales alcanzan un 26,5%.
Triste primer lugar para nuestra región que, como debe sentirlo la mayoría de sus habitantes, es un ranking que avergüenza. Pero no basta con saberlo e indignarse si no hacemos nada para que eso cambie. Esos niños que han sido víctimas de abuso sexual viven en nuestras comunas, en nuestras poblaciones, en nuestras calles. Van a los mismos colegios que nuestros niños y, tal vez, juegan en las mismas plazas y canchas. Por lo tanto, más allá de las responsabilidades que determine en muchos casos la justicia, existe también una responsabilidad social compartida.
Por eso, en materia legislativa, es un importante avance que la Comisión de Familia y del Adulto Mayor haya aprobado, en general, por 12 votos a favor, el proyecto de ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez, quedando aun pendiente la discusión de las indicaciones y la votación en la Sala. Rezagado, pero no olvidado, pese a los que se oponen a toda actualización de la estructura estatal, está también el proyecto que crea la Subsecretaría de la Niñez, ingresado a trámite a fines de septiembre pasado.
La Unicef, a través de su representante en Chile, Hai Kyung Jun, valoró la aprobación de esta iniciativa legal, considerando que se trata de un pilar fundamental del Sistema de Protección Integral y de todas las medidas que se adopten respecto de la infancia en Chile. Por cierto, ese organismo internacional consideró como muy relevante el anuncio que hizo el Ejecutivo de incluir en las indicaciones al proyecto de ley la figura del Defensor de los Derechos de la Niñez.
Como ya lo hemos dicho -lamentablemente- tantas veces, seguimos estando en deuda con los niños de Chile, pero especialmente los de la región. Más allá de diferentes factores a ser considerados en el desarrollo de políticas públicas para combatir este flagelo social y cultural que nos golpea con rudeza, emplazándonos a reaccionar y hacer algo, la solución está en no cerrar nuestros ojos y oídos a los hechos que suceden en nuestro entorno, abriendo paso a la denuncia que permita investigar y sancionar a quienes dañan a lo mejor de cada sociedad: los niños, niñas y jóvenes en que descansa, como siempre se dice, el futuro de nuestro país.
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